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Kachikwu & NamaLaw Firm

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Who Carries the Risk When Host Governments Change Laws and Regulations Mid-Project? — KNLF Insight by Georges C. Nama, Esq., Kachikwu & Nama Law Firm

¿Quién asume el riesgo cuando los Estados cambian las leyes y los reglamentos a mitad del proyecto?

Cofundador y socio director, Kachikwu & Nama Law Firm · Texas

Octubre de 2026 · 20 min de lectura

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Traducción del artículo original publicado en inglés. La versión en inglés prevalece.

Los miles de millones ya están invertidos. Entonces el gobierno cambia la ley. ¿Quién paga? Durante cincuenta años, los inversores de petróleo y gas y los gobiernos africanos han librado la misma guerra imposible de ganar — y ambos la pierden en arbitrajes de siete años. Aquí está cómo terminarla: ocho herramientas concretas para su próximo contrato.

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Por qué escribí esto

Este texto nació como un hilo de comentarios. Tras la African Energy Week 2026 en Ciudad del Cabo, escribí que los acuerdos energéticos entre África y Estados Unidos rara vez fracasan porque la oportunidad fuera débil; fracasan por la letra pequeña. Un lector respondió que los acuerdos suelen derrumbarse a causa de “cambios en la normativa local”. Aquello dio pie a una pregunta sobre la que mi profesión lleva medio siglo discutiendo sin resolverla del todo: cuando la ley cambia en mitad de un proyecto, ¿quién debe asumir ese riesgo — el inversor o el país anfitrión?

He dedicado más de 25 años a asesorar en asuntos de petróleo, gas y minería, empezando en Gabón, donde inicié mi carrera asesorando en transacciones mineras y petroleras. Mucho se ha escrito sobre este tema, y me apoyo en ello. Pero este texto no es una recopilación. A partir del registro público (proyectos reales, arbitrajes reales y las palabras de los ministros y ejecutivos que conviven con las consecuencias), me propuse plantear algo nuevo: un conjunto de herramientas concretas que los gobiernos, los reguladores, los directores ejecutivos y los inversores pueden incorporar a su próximo contrato.

Resumen ejecutivo

Durante cincuenta años el debate se ha planteado como un pulso: congelar la ley para proteger al inversor, o mantener la ley libre para proteger al Estado. El historial demuestra que ninguna de las dos partes gana esa guerra. Las leyes cambian de todos modos, las cláusulas se convierten en moneda de cambio, y las controversias terminan en acuerdos alcanzados bajo presión.6 8 10 Propongo cambiar la pregunta. En lugar de estabilizar la ley, estabilizar el resultado: la proporción de valor que recibe cada parte. Mi propuesta, el Pacto de Estabilidad KNLF, se apoya en ocho herramientas prácticas:

1
Un Corredor de Participación Estatal. El Estado puede modificar cualquier ley; el contrato se ajusta automáticamente para que la participación del Estado en el valor del proyecto se mantenga dentro de una banda acordada en la firma, aumentando en las bonanzas y protegida frente a los recortes.
2
Una Reserva por Cambio de Ley autofinanciada. Una pequeña tarifa de estabilidad pagada por el inversor a una cuenta de garantía neutral permite abonar la compensación con rapidez cuando un cambio excede el corredor, en lugar de un arbitraje de siete años.
3
Estabilidad vinculada a la recuperación de la inversión. La protección es más fuerte mientras el capital está invertido y sin recuperar, y luego disminuye automáticamente a medida que el proyecto se amortiza.
4
Renegociación con cita previa, no por emboscada. Una revisión programada a mitad de vida del proyecto, con una agenda fija, da a cada nuevo gobierno un cauce legítimo y protege todo lo que quede fuera de ella.
5
Un Consejo Permanente de Estabilidad, estabilidad ganada vinculada al gas doméstico y al valor local, un paquete de legitimidad ciudadana y un estándar regional africano de estabilidad completan el Pacto.
1El dilema, en sus propias palabras
El argumento del inversor: la certeza es el producto

Los proyectos de petróleo y gas entierran miles de millones de dólares en el suelo años antes de que se venda el primer barril. Una vez que ese capital está hundido, el inversor no puede marcharse, y el poder de negociación se desplaza hacia el Estado. Las cláusulas de estabilidad existen para proteger precisamente frente a ese momento. NJ Ayuk, Presidente Ejecutivo de la African Energy Chamber, lo expresó sin rodeos respecto de Namibia: “Para las compañías petroleras internacionales (IOC), invertir en un país sin una cláusula de estabilidad fiscal es toda una apuesta en una industria ya de por sí arriesgada.”1 Cuando Senegal anunció revisiones de contratos, el portavoz de Woodside declaró: “Nuestra experiencia ha demostrado que las jurisdicciones más exitosas han sido aquellas que trabajan en asociación con la industria, respetan la santidad de los contratos y generan certeza para la inversión.”2

El Prof. Emmanuel Ibe Kachikwu (cofundador de este bufete), ex Ministro de Estado para los Recursos del Petróleo de Nigeria y ex Presidente de la Conferencia de la OPEP, ha planteado el mismo punto desde el lado gubernamental de la mesa. Hablando en 2025 sobre el largo camino de Nigeria hacia la Petroleum Industry Act, observó: “Los inversores se mostraron reacios a comprometer capital a largo plazo ante la ausencia de un marco legal y fiscal claro,” y su primera recomendación fue sencilla: “Evitar cambios frecuentes en la política fiscal.”33

El argumento del gobierno: la soberanía no expira al firmar

Los gobiernos cambian, los precios cambian, los descubrimientos resultan ser mayores de lo que nadie esperaba, y los ciudadanos se preguntan si el país recibió una parte justa. Al asumir el cargo en abril de 2024, el Presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, anunció una auditoría del sector minero, petrolero y gasífero, al tiempo que prometía: “Los derechos de los inversores siempre estarán protegidos, así como los intereses del Estado y del pueblo.”3 En marzo de 2026, el Primer Ministro Ousmane Sonko fue más allá en relación con el proyecto de gas GTA operado por BP: “Los contratos que se han firmado son contratos injustos, que tenemos la intención de discutir en detalle.”5 En Namibia, el entonces Ministro de Minas y Energía, Tom Alweendo, dijo a los legisladores: “Sostenemos que la propiedad local debe comenzar con el Estado, que ostenta la propiedad de nuestros recursos naturales.”4

Algunos gobiernos sienten el tirón de ambos lados a la vez. En Gabón, donde un asesor principal del ministerio del petróleo reconoció que “nuestro régimen fiscal no era lo suficientemente atractivo para que las empresas perforaran,” el mismo funcionario añadió: “Sabiendo que esta industria representa el 50% de nuestro PIB, no jugamos con ella,” y “Necesitamos encontrar la manera de tener algo de flexibilidad para atraer a los inversores.”35

Incluso dentro de un mismo país, el debate divide a los líderes. El ex Presidente de Senegal, Macky Sall, advirtió en una entrevista con Bloomberg que intentar modificar contratos ya firmados “no es posible,” y agregó: “Eso sería un giro desastroso para Senegal.”2

Por qué ambas partes tienen razón

Un contrato que puede reescribirse a voluntad no es un contrato, y el capital pondrá precio a ese riesgo o se marchará. Pero un contrato que congela las leyes de un país durante 30 años le pide a un gobierno que renuncie a poderes que sus ciudadanos nunca aceptaron ceder. La cuestión no es si el riesgo se comparte, sino cómo, y si eso se decide antes de firmar o se disputa después.

2Lo que muestra el historial

La tabla siguiente resume casos documentados públicamente en los que un Estado anfitrión modificó la ley, el régimen fiscal o las condiciones de un proyecto existente. Se incluyen casos mineros porque las mismas herramientas contractuales se utilizan en todo el sector extractivo, y los mismos gobiernos regulan ambos.

País · AñoQué cambióResultado
Argelia · 2006–2012Una ley de 2006 impuso un gravamen sobre beneficios extraordinarios a los productores extranjeros, incluida Anadarko bajo sus acuerdos de producción compartida con Sonatrach.Resuelto en 2012: crudo por valor de unos $1.8bn y un acuerdo renegociado para el proyecto El Merk.7
Zambia · 2008–2009Los acuerdos de desarrollo firmados en 2006, con cláusulas de estabilidad fiscal, fueron derogados por leyes del Parlamento a principios de 2008; a ello siguieron un impuesto sobre beneficios imprevistos y un aumento de las regalías del 0.6% al 3%.El impuesto sobre beneficios imprevistos fue derogado en 2009; los pasivos se resolvieron en gran medida mediante negociación.6
Tanzania · 2017–2020Leyes de julio de 2017 permitieron la renegociación de términos “inicuos”, prohibieron el arbitraje extranjero de disputas sobre recursos, exigieron una participación estatal libre de costos de al menos el 16% y elevaron las regalías. A Acacia Mining se le presentó una factura fiscal de un monto reportado de $190bn.Barrick llegó a un acuerdo en 2019: un pago de $300m, una participación estatal del 16% en una nueva sociedad (Twiga) y un reparto 50-50 de los beneficios económicos.8
RDC · 2018El nuevo Código Minero redujo el período de estabilidad de diez años a cinco, introdujo un impuesto del 50% sobre los beneficios imprevistos y una regalía del 10% sobre los minerales “estratégicos”.Las objeciones de las mineras fueron rechazadas en gran medida; el código se aplicó a los proyectos existentes.9
Chad · 2023Después de que ExxonMobil vendiera sus participaciones en Doba a Savannah Energy, el Estado, impugnando la venta, actuó para nacionalizar los activos por decreto (marzo de 2023).Siguieron procedimientos de arbitraje; no se confirmó un resultado final sobre la nacionalización.14
Mali · 2023–2025El Código Minero de 2023 aumentó la participación estatal y los impuestos y se aplicó a las convenciones existentes. Se incautaron unas tres toneladas de oro; Barrick presentó una demanda ante el CIADI (diciembre de 2024) y la mina fue puesta bajo administración provisional (junio de 2025).Resuelto en noviembre de 2025: Barrick retiró sus demandas ante el CIADI y aceptó el Código de 2023; Bloomberg informó de un pago de unos $430m.10
Burkina Faso · 2024–2025Un nuevo Código Minero (julio de 2024) elevó la participación estatal libre de costos al 15%, con hasta un 30% adicional sobre una base pagadera, y reforzó la propiedad local.Varios activos auríferos pasaron a la nueva empresa minera estatal en 2025.11
Níger · 2023–2025Tras el golpe de Estado de 2023, Orano perdió el control operativo de la mina de uranio SOMAÏR; el Estado aprobó la nacionalización total en junio de 2025.Procedimientos ante el CIADI pendientes; medidas provisionales ordenadas en septiembre de 2025, según Orano.12
Senegal · 2024–2026El nuevo gobierno inició una revisión de los contratos de petróleo y gas; Woodside impugnó una reevaluación fiscal de unos CFA 41bn (≈$68m) sobre el proyecto Sangomar.Woodside presentó una demanda ante el CIADI en mayo de 2025; en 2026 se constituyó un tribunal. Continúa la revisión del proyecto GTA de BP.13
Namibia · 2025El gobierno retrasó la firma de acuerdos de estabilidad fiscal para los nuevos descubrimientos de petróleo.Reportado como una espera deliberada hasta que se aclare la magnitud de los descubrimientos.16
Ghana · 2026El gobierno anunció que los acuerdos de estabilidad minera se eliminarán gradualmente a medida que expiren, con la propuesta de regalías más altas.En fase de propuesta a enero de 2026.15
Ecuador · 2006–2019La Ley 42 tomó el 50%, y luego el 99%, de los ingresos petroleros “extraordinarios” de los contratistas; posteriormente se tomaron bloques.Burlington (2017): unos $380m por la toma de control, no por el gravamen; Perenco (2019): unos $449m en daños por incumplimientos de tratado y contrato.17 18

Las cifras y los resultados son los reportados en las fuentes citadas. Cuando un resultado final no es público, así se señala.

3Qué se ha intentado y por qué no basta

La cuestión no es nueva, y se ha realizado un trabajo serio sobre ella. Las obras que consulté figuran en Lecturas adicionales. En resumen, existen tres generaciones de herramientas, y cada una deja sin resolver el problema de fondo:

GeneraciónCómo funcionaPor qué resulta insuficiente
1. El congelamiento (cláusulas de congelamiento)La ley aplicable al proyecto se congela en el momento de la firma. En un estudio de la IFC/ONU de 2008, cuatro de cada diez contratos del África subsahariana examinados tenían cláusulas de congelamiento plenas; ningún contrato de un país de la OCDE tenía alguna.19No puede impedir que un soberano legisle; en su mayor parte genera reclamaciones por daños y perjuicios.24 Y hoy entra en conflicto con las orientaciones internacionales sobre derechos humanos, medio ambiente y reforma fiscal.20 28
2. El reequilibrio (cláusulas de equilibrio económico)La ley puede cambiar, pero la posición económica del inversor debe restablecerse, mediante negociación o arbitraje.21 22El “equilibrio” rara vez se define en cifras, de modo que todo cambio se convierte en una disputa sobre modelos, años después de los hechos. Y protege a una sola de las partes.
3. La cláusula acotada (la mejor práctica actual)Estabilidad limitada en alcance y en tiempo, únicamente fiscal, a veces tarifada, a menudo legislada.26 27 40Mejor, pero aún reactiva: decide quién paga tras un cambio, y deja intactas las causas políticas del cambio, las ganancias extraordinarias y la percepción de injusticia. La evidencia de que la estabilidad legislada atrae inversión es “en general, no concluyente.”25
El diagnóstico

Las herramientas existentes intentan proteger las reglas. Pero a ninguna de las partes le importan realmente las reglas. Al inversor le importa su rentabilidad; al Estado le importa su parte justa. Proteja directamente esas dos cifras, y la mayoría de los motivos para pelear desaparecen.

4La idea central: estabilizar la cuota, no la ley

Parto de un principio sencillo de asignación y, sobre él, construyo las herramientas.

Tipo de cambioQuién lo soportaPor qué
Medidas selectivas o discriminatorias dirigidas a un proyecto, una empresa o una nacionalidadEl EstadoEl capital hundido no puede defenderse de ello, y el derecho internacional ya lo trata como injusto.
Regulación protectora de aplicación general: salud, seguridad, medio ambiente, trabajo, derechos humanos, lucha contra la corrupciónEl inversorNingún contrato debería comprar una exención de las normas que protegen a las personas y a la tierra.20
Cambios fiscales generales y ganancias extraordinarias: impuestos, regalías, normas cambiarias, picos de precios, descubrimientos mayores de lo esperadoCompartido, dentro del CorredorGestionado automáticamente por el Corredor de Participación del Estado (Government Take Corridor) y las herramientas que siguen.

Cinco lecciones del historial dan forma a las herramientas:

1
El detonante es político, no jurídico: un nuevo gobierno, un golpe de Estado, una licencia que vence o un pico de precios.
2
Las ganancias extraordinarias desatan la mayoría de las disputas. El impuesto a las ganancias extraordinarias de Zambia de 2008 llegó en el apogeo del auge del cobre; la Ley 42 de Ecuador apuntó a los ingresos petroleros “extraordinarios”.6 17
3
El apalancamiento físico actúa más rápido que el arbitraje: prohibiciones de exportación, oro incautado y administradores cambiaron los resultados en cuestión de meses.8 10 12
4
El arbitraje es, en su mayor parte, una moneda de negociación. En Malí, la demanda ante el CIADI se retiró como parte del acuerdo.10
5
Los acuerdos terminan compartiendo la ganancia de todos modos; en palabras del director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, “algo en lo que ganamos juntos o perdemos juntos”.34 La pregunta es por qué las partes esperan a una crisis para acordar compartir.

La tercera fila es donde comenzó casi toda disputa africana de la Sección 2, y donde propongo un enfoque distinto. En lugar de prometer que la ley no cambiará, las partes prometen que el reparto del valor se mantendrá dentro de un rango acordado, cualquiera que sea la ley que resulte.

El principio tiene raíces respetables. Las cláusulas de equilibrio económico ya buscan restablecer el equilibrio económico de las partes en lugar de congelar la ley, y las cláusulas más recientes tratan los cambios fiscales de forma simétrica;41 economistas del FMI han descrito una buena estabilidad como “una apuesta de doble sentido”.29 Lo que ha faltado es una manera de convertir ese principio en cifras que ambas partes puedan verificar cada año. Eso es lo que el Pacto se propone hacer.

5El Pacto de Estabilidad KNLF

Ocho herramientas, diseñadas para funcionar en conjunto. Ninguna se inventa de la nada, y reconozco el precedente sobre el que se construye cada una. Antes de la publicación, hice que cada herramienta fuera evaluada por revisores independientes: a nuestro leal saber y entender, encontraron trabajos previos para muchos de los componentes, pero ninguna fuente que los combinara, o que los aplicara de esta manera a los contratos africanos de petróleo y gas. Cada herramienta a continuación expone el problema que resuelve, cómo funciona, qué gana cada parte, sobre qué se construye y qué es nuevo.

1El Corredor de Participación del Estado

Se construye sobre: términos fiscales progresivos como los regímenes de factor R,43 cláusulas de equilibrio económico,41 y las bandas de ingresos utilizadas en las concesiones de autopistas de Chile.42 Qué es nuevo: una única banda bidireccional sobre la participación global del Estado que absorbe tanto los cambios en la ley como las oscilaciones de precios.

Problema que resuelve: las ganancias extraordinarias hacen que los contratos parezcan injustos para los ciudadanos; los nuevos impuestos hacen que parezcan inseguros para los inversionistas.

Cómo funciona: en la firma, las partes acuerdan una banda para la participación del Estado en el flujo de caja del proyecto (la «participación del Estado») a lo largo de un rango de precios, por ejemplo un piso y un techo en torno a un objetivo. El Estado conserva plena libertad para cambiar sus leyes. Cada año, un modelo acordado calcula la participación efectiva del Estado. Si un nuevo impuesto la empuja por encima del techo, el contrato acredita automáticamente el exceso al inversionista a través de compensaciones de cost oil, regalías o impuestos. Si un repunte de precios o un régimen generoso la empujan por debajo del piso, la participación del Estado aumenta automáticamente mediante un incremento preacordado de profit oil o de regalías.

El Estado gana: una participación justa garantizada en los años buenos, sin renegociación, y libertad para legislar.
El inversionista gana: un techo sobre la participación del Estado, exigible mediante ajuste o pago automático, que es de lo que realmente depende su financiamiento.
2La Reserva de Cambio en la Ley

Se construye sobre: las primas de estabilidad cobradas en Perú,44 el fondo de contingencia prefinanciado de Colombia para las asociaciones público-privadas,45 y las garantías de cambio de ley. Qué es nuevo: una tarifa pagada por el inversionista, mantenida en un depósito en garantía neutral, que prefinancia la compensación y devuelve los fondos no utilizados al tesoro.

Problema que resuelve: la compensación hoy llega, si es que llega, años después mediante arbitraje, y recae sobre el presupuesto de un gobierno que no la había previsto.

Cómo funciona: el inversionista paga una modesta tarifa de estabilidad, un pequeño porcentaje de los ingresos, en un depósito en garantía mantenido por una institución neutral, como un banco regional de desarrollo. Si un cambio de ley vulnera el Corredor y no se aplica el ajuste automático, la compensación se paga desde la Reserva en cuestión de semanas. Los fondos no utilizados se liberan al tesoro nacional cuando finaliza el período de estabilidad.

El Estado gana: una estabilidad que se paga a sí misma, y un precio conocido y presupuestado por cambiar de parecer.
El inversionista gana: una compensación rápida y cierta en lugar de una reclamación de siete años. Cobrar por la estabilidad ya se ha recomendado antes;40 usar la tarifa para prefinanciar la compensación es el paso que yo añado.
3Estabilidad vinculada a la recuperación de la inversión

Se construye sobre: la sugerencia de economistas del FMI de limitar la estabilidad a la fase de recuperación del capital.29 Qué es nuevo: un disparador operativo, protección plena hasta la recuperación de la inversión, y luego una reducción gradual, medida con la métrica del factor R que los economistas petroleros ya utilizan.43

Problema que resuelve: los plazos fijos de 10 o 20 años protegen demasiado poco al principio y demasiado más adelante.

Cómo funciona: la protección se vincula a la economía propia del proyecto y no al calendario: protección plena hasta que el inversionista haya recuperado su capital, y luego una reducción gradual (por ejemplo, hasta la mitad de la protección), que termina en un múltiplo acordado de la recuperación de la inversión.

El Estado gana: recupera plena libertad fiscal una vez que el inversionista ha sido resarcido por completo.
El inversionista gana: máxima protección justo cuando su capital está más expuesto.
4Renegociación con cita previa, no por emboscada

Se construye sobre: las cláusulas de revisión periódica que ya existen en los acuerdos mineros africanos, como el acuerdo de 2006 de Liberia con Mittal Steel, que prevé una revisión de buena fe cada cinco años,46 y la investigación sobre mecanismos de revisión.47 Qué es nuevo: una agenda cerrada vinculada al Corredor, con materias protegidas, de modo que una revisión canalice el cambio en lugar de reabrir todo el acuerdo.

Problema que resuelve: los nuevos gobiernos se sienten obligados por acuerdos que no celebraron y no tienen un canal legítimo para revisarlos.

Cómo funciona: el contrato programa una revisión a mitad de vida, por ejemplo a un intervalo fijo después del inicio de la producción o tras un cambio sostenido de precios, con una agenda fija (parámetros fiscales dentro del Corredor, contenido local, suministro interno) y límites fijos (sin expropiación, sin impuestos retroactivos). Todo lo que quede fuera de la agenda permanece protegido hasta la siguiente ventana.

El Estado gana: un canal digno y predecible para las prioridades de un nuevo gobierno.
El inversionista gana: la renegociación se convierte en un evento programado que puede planificar y financiar, no en una crisis.
5El Consejo Permanente de Estabilidad

Se construye sobre: los consejos de resolución de disputas de la construcción y las cláusulas de determinación por expertos en los contratos de reparto de producción. En Guyana, las partes de una auditoría de costos en disputa aún no habían acordado un experto casi un año después,48 lo que demuestra el costo de nombrarlo solo después de una disputa. Qué es nuevo: un consejo permanente, nombrado en la firma, aplicado al cálculo fiscal anual.

Problema que resuelve: las disputas sobre cifras se convierten en peleas políticas y luego en arbitrajes.

Cómo funciona: tomado de los consejos de disputas utilizados en los grandes contratos de construcción: tres expertos independientes (un economista petrolero, un especialista fiscal y un abogado) son nombrados en la firma, revisan los cálculos del Corredor cada año y emiten decisiones provisionales vinculantes en un plazo de 90 días. El arbitraje sigue estando disponible, pero solo después de que el Consejo haya resuelto.

El Estado gana: respuestas técnicas e independientes en lugar de tribunales extranjeros.
El inversionista gana: rapidez, pericia y un expediente que los tribunales respetan.
6Estabilidad ganada

Se construye sobre: la estabilidad escalonada según el compromiso inicial del inversionista, como en los certificados de estabilización de Mongolia,49 y las obligaciones de suministro interno, como la reserva del 25% del mercado interno de Mozambique.50 Qué es nuevo: años de estabilidad ganados o perdidos en cada período según el cumplimiento verificado de las metas de valor nacional. Los prestamistas preguntarán cómo un plazo que puede reducirse sigue siendo financiable; la respuesta es un período base garantizado que no puede reducirse.

Problema que resuelve: la estabilidad se percibe como un regalo a las empresas extranjeras, por lo que es políticamente frágil.

Cómo funciona: más allá de un período base, el inversionista gana años adicionales de estabilidad cumpliendo metas verificables de valor nacional: gas entregado a las centrales eléctricas nacionales a precios acordados, metas de mano de obra y de proveedores locales, y capacitación. Cada meta cumplida añade protección; cada meta incumplida la reduce.

El Estado gana: energía para sus propios hogares e industrias, y una promesa de estabilidad cuyo valor sus ciudadanos pueden ver.
El inversionista gana: un camino hacia una estabilidad más prolongada, y un proyecto que el público defiende.
7El paquete de legitimidad ciudadana

Se construye sobre: la divulgación de contratos del EITI,51 los resúmenes de contratos en lenguaje sencillo, y los informes ciudadanos de Ghana sobre los ingresos petroleros.52 Qué es nuevo: un informe anual, certificado de forma independiente, que mide la participación efectiva del Estado frente a la participación acordada en el contrato.

Problema que resuelve: los contratos que el siguiente gobierno rompe suelen ser contratos que el público nunca entendió.

Cómo funciona: el contrato completo se publica, como lo exige la norma de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), junto con un resumen en lenguaje sencillo; el contrato se ratifica donde la ley lo exige; y cada año el Consejo publica un breve «Informe de Participación Justa» que muestra la participación del Estado frente al Corredor.

El Estado gana: confianza pública y protección frente a las acusaciones de un mal acuerdo.
El inversionista gana: la cláusula de estabilidad más fuerte de todas, un acuerdo que el siguiente gobierno no tiene razón política para atacar.
8Una Norma Regional Africana de Estabilidad

Se construye sobre: los esfuerzos de armonización regional, desde la directiva minera de la ECOWAS de 200955 hasta el llamado de APPO de 2026 a favor de códigos petroleros armonizados.53 Qué es nuevo: armonizar cómo se diseña la estabilidad, no solo las tasas impositivas: una única cláusula modelo de Corredor compartida, reglas de Reserva y de Consejo, con revisión por pares.

Problema que resuelve: los países compiten por la inversión ofreciendo una estabilidad y unas exenciones fiscales cada vez más amplias, para luego revertirlas más adelante.

Cómo funciona: una cláusula modelo de Corredor, reglas de Reserva y de Consejo, adoptadas voluntariamente a través de instituciones africanas como la Organización de Países Africanos Productores de Petróleo (APPO) o la Unión Africana, con revisión por pares de cómo los países las utilizan. El Secretario General de APPO ya ha llamado a que África «armonice sus códigos petroleros y sus marcos regulatorios»,53 y un informe de 2025 del IISD y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África advierte que las cláusulas de estabilización «pueden consolidar incentivos fiscales excesivamente generosos».54

El Estado gana: poder de negociación colectivo y el fin de la carrera hacia el fondo.
El inversionista gana: un único marco familiar en muchos países, lo que reduce los costos legales y las primas de riesgo.
6Cómo funciona el Corredor: una ilustración

Las cifras siguientes son hipotéticas, elegidas únicamente para mostrar el mecanismo. Supongamos que las partes acuerdan una participación estatal objetivo del 65%, con un piso del 60% y un techo del 72%.

EscenarioParticipación estatal antes del ajusteAjuste automáticoResultado
A. Año normal66%Ninguno, dentro del Corredor66%
B. Nuevo impuesto a las ganancias extraordinarias promulgado por un nuevo gobierno78%El excedente por encima del techo del 72% se acredita al inversor (petróleo de costo o crédito fiscal); si no se aplica, se paga con cargo a la Reserva72%
C. El precio del petróleo se duplica55%Un aumento escalonado del petróleo de utilidad pactado de antemano eleva la participación del Estado hasta el piso60%
D. Una ley de salud y seguridad eleva los costosCae el rendimiento del inversorNinguno: la regulación protectora queda fuera del CorredorLo asume el inversor

En el escenario B el nuevo gobierno mantiene su nueva ley tributaria vigente, y el inversor conserva su economía. En el escenario C, los ciudadanos obtienen su participación en las ganancias extraordinarias sin que nadie reabra el contrato, lo que elimina el detonante político más común de la renegociación.

Lenguaje de cláusula ilustrativo
“Las Partes acuerdan que la Participación Estatal, calculada anualmente de conformidad con el Anexo [X], se mantendrá entre el [piso]% y el [techo]%. Cuando cualquier cambio en la ley o en los términos fiscales haga que la Participación Estatal exceda el techo, el Contratista tendrá derecho al ajuste establecido en el Anexo [Y]. Cuando la Participación Estatal caiga por debajo del piso, la participación del Estado en el Petróleo de Utilidad aumentará de conformidad con el Anexo [Z]. Las controversias sobre cualquier cálculo se remitirán en primer lugar a la Junta Permanente de Estabilidad.”
Solo ilustrativo. Las cláusulas reales deben redactarse para la ley, el contrato y la estructura de financiamiento específicos.
7Objeciones, y respuestas

Se pidió a revisores independientes que atacaran el Pacto como lo haría un ministro de finanzas, el director financiero de una petrolera o un árbitro. Estas son las objeciones más difíciles, y cómo las responde el Pacto.

“La recaudación del Estado es imposible de medir sin un pleito.” Fije las definiciones (qué impuestos, qué bonos, qué cesta de precios, descontada o no) y un modelo con control de versiones en un anexo contractual, con una auditoría de costos independiente; el Consejo Permanente de Estabilidad decide cualquier controversia de cálculo.

“Un gobierno futuro simplemente confiscará la Reserva.” Manténgala en una institución que goce de inmunidades conforme a tratados, como un banco multilateral de desarrollo, y respáldela con una cobertura de riesgo político; la tarifa puede hacerse acreditable contra el impuesto para que el inversionista no se limite a asegurarse a sí mismo.

“El Estado puede negarse a aplicar el ajuste.” Dé al contrato fuerza de ley mediante ratificación, prevea el arbitraje internacional con una renuncia a la inmunidad de ejecución, y haga que el pago desde la Reserva sea automático una vez que el Consejo certifique el monto.

“Los créditos fiscales pueden chocar con el impuesto mínimo global.” Prefiera los ajustes a través del cost oil o el profit oil en lugar de créditos fiscales, y verifique cada mecanismo frente a las reglas del Pilar Dos de la OCDE y a las reglas de crédito fiscal del país de origen.

“¿Quién designa y paga al Consejo, y es verdaderamente independiente?” Comparta sus costos por partes iguales o páguelos con los ingresos de la Reserva, y designe una autoridad nominadora neutral (por ejemplo la CCI o la Corte Permanente de Arbitraje) por si las partes no logran ponerse de acuerdo. El Informe de Reparto Justo debe también respetar las reglas de confidencialidad acordadas para los costos comercialmente sensibles.

8Qué puede hacer ahora cada parte
QuiénSiguiente paso
Ministros y reguladoresPoner a prueba el Corredor y la Reserva en la próxima ronda de licencias o contrato modelo; sustituir las ofertas generalizadas de estabilidad por una estabilidad ganada y vinculada a la recuperación de la inversión.
Empresas petroleras nacionalesConstruir el modelo de participación estatal y el Informe Anual de Reparto Justo; proponer revisiones programadas en lugar de renegociaciones ad hoc.
Directores ejecutivos e inversoresOfrecer el Corredor antes de que el gobierno pida renegociar; incorporar una tarifa de estabilidad en la oferta; proponer una Junta Permanente de Estabilidad en las hojas de términos.
Prestamistas y aseguradorasReconocer los proyectos protegidos por el Corredor en la fijación de precios y en la cobertura de riesgo político; aceptar la Reserva como garantía crediticia.
Organismos regionalesConvocar un grupo de trabajo sobre una Norma Africana de Estabilidad modelo, junto con la labor de UNIDROIT–ICC sobre contratos de inversión.32
La conclusión

La mejor protección frente a un cambio de ley no es un congelamiento más fuerte. Es un contrato lo suficientemente justo, lo suficientemente transparente y lo suficientemente flexible como para que el próximo gobierno no tenga motivo para cambiarlo. Como dijo el Ministro de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Antonio Oburu Ondo, en la African Energy Week 2026, el objetivo es “asegurarnos de que se confíe en nosotros, no solo para atraer negocios, sino para mantener los negocios en África.”36

9Preguntas para el debate

No pretendo tener la última palabra. Invito a ministros, reguladores, operadores, prestamistas y colegas abogados a poner a prueba el Pacto:

  1. ¿Aceptaría su gobierno un tope a su participación a cambio de un piso garantizado en los años buenos?
  2. ¿Pagaría su empresa una tarifa de estabilidad si esta garantizara una compensación rápida con cargo a una Reserva neutral?
  3. ¿Quién debería albergar la Reserva y designar a la Junta: un banco regional de desarrollo, la APPO u otra institución?
  4. ¿Debería ganarse la estabilidad mediante el suministro interno de gas y el contenido local, y cómo debería medirse?
  5. ¿Qué haría falta para que un país africano pusiera a prueba el Pacto en su próxima ronda de licencias?

Comparta su opinión conmigo en georges.nama@kn-laws.com o únase a la conversación en LinkedIn. Las contribuciones más sólidas darán forma a la próxima edición de este texto.

Lecturas complementarias

Una selección de las obras que consulté. Cada una fue localizada y verificada en la dirección indicada.

  1. Shemberg, A., Stabilization Clauses and Human Rights, investigación para la IFC y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, 11 de marzo de 2008.
  2. Cameron, P.D., Stabilisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools for Oil & Gas Investors, ponencia encargada por la AIPN, 5 de julio de 2006.
  3. Cameron, P.D., International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability, 2.ª ed., Oxford University Press, 2021.
  4. Maniruzzaman, A.F.M., “The pursuit of stability in international energy investment contracts: A critical appraisal of the emerging trends,” Journal of World Energy Law & Business 1(2), 2008.
  5. Ali, A.A., “Taking Stock of the Validity and Legal Impact of Traditional Stabilization Clauses in International Investment Law,” American Review of International Arbitration 32(2), 2021.
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Acerca del autor

Georges C. Nama, Esq.
Georges C. Nama, Esq.
Cofundador y Socio Director

Abogado de empresa habilitado en Texas, admitido para ejercer la abogacía por la Corte Suprema de Texas, Georges cuenta con más de 25 años de ejercicio profesional, que inició en Gabón, en los ámbitos del petróleo y el gas, la minería, la infraestructura, el sector inmobiliario y el derecho migratorio. Comenzó su carrera en Libreville en el Cabinet Issembé, para luego desempeñarse como asesor jurídico del Gobierno de Gabón, asesorando en operaciones de minerales, incluidos el uranio y el manganeso, y en asuntos de petróleo y gas. Es miembro de la Association of International Energy Negotiators (AIEN) desde 2008. Posee un Post-Juris Doctor Law Degree (LL.M.) del University of Houston Law Center, es Project Management Professional (PMP®) y trabaja en inglés, francés y español.

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Fuentes

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  6. UNU-WIDER Working Paper 2018/51 (tributación minera de Zambia), https://www3.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2018-51.pdf
  7. MEED, “Anadarko settles Algeria tax dispute with Sonatrach,” marzo de 2012, https://www.meed.com/anadarko-settles-algeria-tax-dispute-with-sonatrach/
  8. Winston & Strawn, 1 de agosto de 2017; Mining.com (Acacia $190bn; acuerdo de 2020); BNN Bloomberg ($300m), https://www.winston.com/en/insights-news/tanzania-s-legal-reform-of-the-natural-resources-sector
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  33. ThisDay, 9 de septiembre de 2025 (Kachikwu), https://www.thisdaylive.com/2025/09/09/kachikwu-fg-must-insulate-nnpc-nuprc-nmdpra-from-political-interference-to-restore-confidence-in-oil-sector/
  34. Miningmx, 2 de noviembre de 2023 (el CEO de Barrick sobre el código de Mali), https://www.miningmx.com/news/gold/54885-barrick-ceo-says-theres-scope-to-negotiate-mali-mining-code/
  35. S&P Global, 12 de octubre de 2026 (Gabon), https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/crude-oil/101226-gabon-in-talks-with-more-iocs-on-offshore-exploration-after-sector-rejig-official
  36. Comunicado de African Energy Chamber, 13 de octubre de 2026 (ministro de Equatorial Guinea), https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/equatorial-guinea-has-fewer-than-seven-open-blocks-after-year-of-investor-uptake-minister-says?lang=en
  37. IIED (Cotula 2008), https://www.iied.org/x00009
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  39. Routledge (Oshionebo 2021), https://www.routledge.com/Mineral-Mining-in-Africa-Legal-and-Fiscal-Regimes/Oshionebo/p/book/9781138483200
  40. CONNEX Support Unit (GIZ), Clause Insights: Stabilisation Clauses, https://connex-unit.org/wp-content/uploads/1_Clause-Insights_Stabilization-Clauses-in-Mining_2021.pdf
  41. Mansour & Nakhle, OIES SP 37 (2016), https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/01/Fiscal-Stabilization-in-Oil-and-Gas-Contracts-SP-37.pdf
  42. Vassallo, J.M., mitigación del riesgo de tráfico en concesiones de autopistas (bandas de ingresos de Chile), biblioteca PPP del World Bank, https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/default/files/2024-08/Traffic0Risk0Mitigation0Vassallo.pdf
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  47. Mandelbaum, Swartz & Hauert, Review Mechanisms in Natural Resource Contracts, CCSI (2014), https://scholarship.law.columbia.edu/sustainable_investment_staffpubs/39
  48. Caribbean Today, sobre el nombramiento del experto único del PSA de Stabroek (2026), https://caribbeantoday.com/sections/business-blog/president-of-exxonmobil-guyana-says-no-agreement-yet-on-selection-of-expert-to-deal-with-financial-report
  49. IFLR, “Mongolia’s new investment law” (2014), https://www.iflr.com/article/2gjw2n5ocpr2orkibvolc/iflr1000/mongolias-new-investment-law
  50. Mayer Brown, “Mozambique enacts revised Petroleum Law” (julio de 2026), https://www.mayerbrown.com/ja/insights/publications/2026/07/mozambique-enacts-revised-petroleum-law
  51. EITI, nota de orientación sobre divulgación de contratos (Requisito 2.4), https://eiti.org/guidance-notes/contracts
  52. Ghana Public Interest and Accountability Committee (PIAC), versión ciudadana del informe sobre los ingresos petroleros, https://www.piacghana.org/piac-launches-citizens-version-of-petroleum-revenue-report/
  53. Secretario General de la APPO, editorial, mayo de 2026, https://apposecretariat.org/editorial-of-the-appo-sg-may-2026/
  54. IISD & UNECA, Rethinking Tax Incentives in the Mining Sector in Africa (junio de 2025), https://www.iisd.org/system/files/2025-06/rethinking-tax-incentives-mining-africa.pdf
  55. ECOWAS Directive on the Harmonization of Guiding Principles and Policies in the Mining Sector (2009), https://ecowas.int/wp-content/uploads/2024/08/Ecowas-Directive-and-policies-in-the-minning-sector.pdf

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